El jueves 19 de enero pasado se publicó en El Mercurio una interesante columna de opinión de Cristián Warken, un humanista de verdad, quien denunció con sólidos argumentos el desinterés que tienen nuestras autoridades en respetar el patrimonio histórico de las ciudades, subrayando el culto por lo feo y esa práctica generalizada de demoler viviendas con valor arquitectónico en función de los rápidos y lucrativos negocios inmobiliarios privados.
El lúcido columnista decía “…porque un país no son sólo cifras macroeconómicas, un país son recuerdos del presente y el pasado, instantáneas del alma colectiva…” y como compartimos plenamente su postura crítica al sistema imperante a continuación, dentro del contexto de la regulación patrimonial que se ha dado la nación, ejemplificaremos en esta columna una situación incorrecta pasada en la comuna de Las Condes y un desborde más que podría suceder en estos días en la comuna de Providencia.
Los Monumentos Nacionales son bienes que han recibido protección oficial por parte del Estado dentro de la Ley Nº 17.288, pudiendo ser muebles e inmuebles, como de tipo cultural y natural. Están clasificados en las siguientes seis categorías:
Monumentos Históricos
Zonas Típicas
Santuarios de la Naturaleza
Monumentos Arqueológicos
Monumentos Paleontológicos
Monumentos Públicos
Para que se produzca la protección de los tres primeros se requiere de la decisión del presidente de la República quien, con el ministro de Educación, deben firmar un decreto supremo.
Por otro lado, las 345 municipalidades del país tienen la facultad para fijar salvaguardias a los inmuebles y zonas que lo merezcan y esta custodia se denomina de Conservación Histórica, la que tiene un rango menor a la de los Monumentos Nacionales y por lo tanto está más expuesta a que, con las habituales trampas que se conocen, se pasen por alto sus precisas disposiciones.
Ejemplos de lo anterior hay infinitos y en esta ocasión recordamos la demolición ilegal de dos magníficas casonas colindantes de Conservación Histórica localizadas en la Av. Presidente Errázuriz 4114 y 4144, comuna de Las Condes, las que fueron arrasadas por la Prelatura del Opus Dei con el objeto de construir ahí un edificio que, de una u otra forma, trató de enmarcarse en la escala y estilo del barrio.
Ese incorrecto comportamiento fue denunciado en la Contraloría General de la República, la que emitió un contundente dictamen tirándole las orejas a la Seremi de Vivienda y Urbanismo y a la propia municipalidad de Las Condes.
Todos los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso destructivo se excedieron en sus atribuciones y por ello la Contraloría obligó a que se hicieran efectivas las responsabilidades administrativas derivadas del mal actuar de aquellos.
Pero, aunque el lector no lo crea, todo siguió como si ese dictamen no existiera y nadie fue sancionado, entregándose así una perversa señal de impunidad al mercado ya que la institucionalidad no funcionó.
Ahora bien, los inmuebles protegidos que, por distintos motivos, tienen el riesgo latente de caerse, pueden ser demolidos sólo si un arquitecto presenta un informe técnico en donde se fundamenten las razones de seguridad o de fuerza mayor que harían recomendable la demolición y con este certificado cada director de obras municipales resolverá el camino a seguir.
Actualmente el director de obras de Providencia y la propia seremi de Vivienda y Urbanismo, sin darse cuenta del garrafal error que estaban cometiendo ellos mismos, autorizaron un anteproyecto para levantar un moderno edificio de 12 pisos rompiendo la escala de una Zona de Conservación Histórica de esa comuna, lo que significaría la demolición, totalmente injustificada, de 3 casas en buen estado y protegidas localizadas en la calle General Flores Nº 202 – 218 y 238.
Esta situación asaz irregular se la representamos recientemente por escrito a los dos funcionarios aludidos, con copia a Cristián Labbé, alcalde de Providencia, con copia al vecino Carlos Becker, quien nos puso al tanto de este nuevo intento depredador y con copia a Josefa Errázuriz, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de Providencia.
Así las cosas y como sabemos que a nivel local existe la tendencia a vulnerar las normativas de los planes reguladores comunales, esperaríamos que Rodrigo Pérez, ministro de Vivienda y Urbanismo, instruya a Marisol Rojas, Seremi respectiva, en orden a que ella, con la fuerza que le entrega la ley, imponga el respeto y la preservación de la Zona de Conservación Histórica de General Flores, tal como está reflejado en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Providencia.
Sabemos que en Chile existe la cultura de los hechos irregulares consumados y por ello hemos decidido darle publicidad a esta denuncia para que así todos aquellos que intervienen en las autorizaciones sepan a qué atenerse.
Y ya que próximamente tendremos elecciones de alcalde y concejales, sería oportuno que los candidatos a ejercer dichos cargos de representación se pronuncien públicamente sobre este nuevo desacierto urbano que se está fraguando en el más absoluto de los secretos.
Fuente: Radio Cooperativa
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